A partir de esta temporada, ir a la playa en Mar del Plata no solo va a implicar elegir carpa, sombrilla o parador: también habrá que prestar atención a dónde se puede encender un cigarrillo para fumar.
Por primera vez desde que se aprobó la ordenanza municipal en 2022, el municipio empezará a aplicar multas a quienes fumen en zonas costeras donde rige la prohibición. Y los montos no son simbólicos: van desde $50.899 hasta más de $500.000, dependiendo del tipo de infracción y del salario municipal que sirve de referencia.
La medida se apoya en la Ordenanza 25.845, sancionada hace dos años pero implementada de manera progresiva. Hasta ahora, la ciudad venía avanzando en campañas, señalética y acuerdos con balnearios para delimitar espacios libres de humo. Sin embargo, la presión ambiental y los reclamos por la enorme cantidad de colillas que terminan en la arena aceleraron el paso: este verano será el primero con controles y sanciones efectivas.
El espíritu de la ordenanza es doble. Por un lado, apunta a cuidar la salud pública, evitando que los no fumadores —especialmente chicos, personas mayores o quienes tienen enfermedades respiratorias— convivan con el humo en espacios de descanso. Por el otro, busca reducir el impacto ambiental: las colillas son el residuo más frecuente en la costa marplatense, y su degradación libera sustancias tóxicas que contaminan arena y agua.
Dónde se podrá fumar: en la práctica, los balnearios privados, concesionados y las unidades turísticas fiscales deberán disponer de zonas específicas para fumadores, recipientes para descartar colillas y cartelería visible indicando los sectores libres de humo.
En esos lugares, cualquier persona que prenda un cigarrillo (o incluso un dispositivo electrónico tipo vapeador, ya que también está contemplado) podrá ser sancionada.
Lo que todavía no está definido es quién tendrá la responsabilidad de fiscalizar: si inspectores municipales, personal de balnearios o un esquema combinado.
Tampoco se confirmó si la medida se extenderá a las playas públicas, decisión que el Ejecutivo municipal puede tomar pero que aún no comunicó.
Las sanciones se calculan en función de un porcentaje de entre 0.5 y 1.5% de cien salarios municipales, lo que explica los valores elevados. Además, existe la posibilidad de una reducción si el infractor paga dentro de los primeros diez días, algo que ya funciona en otros regímenes sancionatorios locales.
La intención, según el Municipio, no es perseguir, sino promover playas más limpias, saludables y sostenibles.