Esa noche en Owensboro, Kentucky, nadie quería dormir, algunos no podían. Por el contrario, los vecinos estaban expectantes, ansiosos. “La gente venía, camiones llenos, se sentaban en la caja con las piernas colgando fuera, como si fueran a un picnic. Estaba cálido y dormíamos con la ventana abierta, pero se oía este arrastre ahogado y las voces durante toda la noche. Era una sensación espeluznante”, relató Medora Withers, una vecina del lugar.

Ella se quedó en su casa, pero otros, hombres, mujeres y niños, acamparon alrededor del escenario que al día siguiente reuniría a miles de espectadores. No esperaban una obra de teatro, la presentación de un artista ni un show de títeres. Dormían a la intemperie, junto a una horca levantada en un terreno a orillas del río Ohio. Esperaban el amanecer del 14 de agosto de 1936, cuando serían testigos de una ejecución. Los autos y trenes llegaban llenos de pasajeros. Los hoteles no daban abasto y en algunas casas se celebraban “fiestas de ahorcamiento”.

Al fin, con la primera luz del día, un hombre vestido de lino blanco y con sombrero panamá subió a la plataforma. Lo seguía un joven con las manos esposadas. El primero era Arthur Hash, expolicía de Louisville, que se había ofrecido a accionar la trampa; el otro, Rainey Bethea, condenado por violación y considerado uno de los últimos ejecutados públicamente en Estados Unidos.

Una ejecución abierta a la multitud

“No hubo discurso, no hubo ceremonia, solo esperé; finalmente podías ver que le estaban poniendo la capucha en la cabeza y, cuando te dabas cuenta, cayó”. Hubert McFarland tenía 16 años cuando presenció el ahorcamiento. Estaba a unos 20 metros, y presenció cada paso del condenado. “Y no hubo sonido, sacudió los pies un par de veces y eso fue todo”, recordó en una entrevista con NPR, la cadena de radio pública de Estados Unidos.

Bethea tenía poco 22 años y había sido condenado por violar a Lischia Edwards, una mujer blanca de 70 años, que encontraron muerta en su departamento en junio de ese año. Los investigadores determinaron que la habían violado y que le habían robado las joyas.

Las sospechas recayeron sobre Bethea, un vecino con antecedentes penales, en su mayoría por delitos menores, que trabajaba limpiando la casa de la víctima. Habían encontrado sus huellas en el lugar. La acusación formal se redactó con rapidez y una orden judicial dispuso su traslado a una cárcel de Louisville, ante el temor de que una turba lo linchara. En aquella época, los linchamientos a hombres afroamericanos acusados de atacar a personas blancas no eran infrecuentes.

Bethea confesó el crimen, pero después se retractó varias veces. La policía sostuvo que la descripción que dio de los hechos les permitió encontrar las joyas robadas, así no le prestaron atención a su retractación. Fue acusado y condenado por violación, pero nunca por homicidio. Eso no alteró su destino: una ley de Kentucky de 1920 establecía que los condenados por violación debían ser ahorcados, y esa era la normativa que iban a aplicar.

En teoría, además, hacía unos años que se había ordenado la construcción de un recinto cerrado y de una cerca que limitara la capacidad de asistentes. El máximo sería 100 personas. Pero nunca construyeron el lugar. Al contrario, la ejecución de Bethea quedó abierta a una multitud que superó cualquier previsión.

Algunas fuentes calcularon que asistieron 20.000 personas. Muchos fueron por morbo; otros, para ver a Florence Thompson, la alguacil que debía supervisar el castigo. Viuda, de 44 años y madre de cuatro hijos, había asumido el cargo pocas semanas antes, tras la muerte de su marido, el alguacil electo.

La prensa anunció que sería la primera mujer en ejecutar una sentencia de muerte en Estados Unidos, y la noticia llegó a los diarios de todo el mundo. Después, Thompson explicó a Los Angeles Examiner que podía delegar la tarea en un subalguacil o en cualquier ciudadano, pero que eso le impondría a otra persona un “trabajo desagradable”.

La expectativa de ver a una mujer ejecutar la sentencia fue enorme. Sin embargo, Thompson no accionó la trampa: durante las semanas previas había recibido varios ofrecimientos de personas dispuestas a hacerlo por ella y aceptó el de Arthur Hash, que había servido en Francia durante la Primera Guerra Mundial.

Carnaval de sadismo

Los diarios retrataron el momento como un espectáculo salvaje. “Niños hacen picnic mientras un asesino paga”, tituló The Boston Reveller en una crónica en la que afirmaba que unas 200 personas se abalanzaron sobre la horca mientras el cuerpo seguía suspendido para arrancarle la capucha y conservarla como souvenir.

Los medios locales, sin embargo, calificaron ese tipo de noticias de “fábulas” y las acusaron de sensacionalismo. Morton Holbrook, que por entonces estudiaba Derecho en Harvard y había regresado a su pueblo natal durante las vacaciones, recordó una escena distinta, lejos del caos: “Cuando el condenado fue llevado al recinto, un silencio repentino cayó sobre el público. Cuando se detuvo al pie del cadalso y se inclinó, realmente no podía ver lo que estaba haciendo, pero alguien cercano dijo que se estaba cambiando las medias. Hubo un silencio absoluto cuando le pusieron la capucha en la cabeza”.

Sin embargo, The New York Times (NYT) publicó el 21 de agosto de 1936 que “las costumbres y la moral de Kentucky” mostraron un “carnaval de sadismo que acompañó a la ejecución […] de Rainey Bethea”. “En sus propias columnas editoriales han exigido que se enmiende la ley que permite tales ejecuciones públicas, casi todos excepto la prensa de Owensboro, que protesta alegando que la buena gente de allí ha sido calumniada”, contaba el diario.

El periódico también describió: “No se puede negar el hecho de que los cazadores de recuerdos se abalanzaron hacia adelante mientras bajaban el cuerpo del negro y le arrancaron la capucha negra de la muerte de la cabeza antes de que fuera declarado muerto, se sentaron en el techo de la carroza fúnebre que esperaba para llevarse el cuerpo y vitorearon y gritaron mientras se accionaba la trampa [sic]”.

Además de denunciar la brutalidad de la escena, los diarios sostenían que las ejecuciones públicas no disuadían a los delincuentes, sino que despertaban los instintos más violentos. Kentucky era el único estado que todavía realizaba ahorcamientos en público, y 18 meses después, el gobernador firmó una ley prohibiendo definitivamente la práctica.

Simplemente por espectáculo

Michael L. Radelet, profesor de la Universidad de Colorado Boulder, explicó a The Associated Press (AP) que, antes de que existiera la televisión, había pocas opciones de entretenimiento en las ciudades y todavía menos en el campo. Por eso, la gente asistía a las ejecuciones: “simplemente por espectáculo”.

Padres y maestros llevaban a los chicos para darles una lección. Algunas ejecuciones incluían un coro, un sermón del predicador y un largo discurso del condenado. La afluencia de público podía convertir esos actos en shows cada vez más descontrolados, como ocurrió en el caso de Bethea. “En lugar de promover la santidad de la vida y la solemnidad de la circunstancia, con personas aplaudiendo y creando un ambiente de carnaval, eso realmente disgustó a la gente”, dijo.

En 1937 hubo otro ahorcado en Estados Unidos, Roscoe “Red” Jackson, condenado en Missouri, y colgado ante unas 500 personas. El acceso estuvo limitado mediante el reparto de entradas, no se habló de un desenfreno como en el caso de Kentucky, y por eso se habla de Bethea (y la repercusión de su castigo) como la última gran ejecución pública.

La cuestión es que el descontrol que narraron los medios generó un aluvión de críticas, por ejemplo, el NYT decía, con marcada ironía, que “las fiestas en casas con motivo de ahorcamientos, con una alegre noche de diversión y un desayuno de ahorcamiento pueden reemplazar las cacerías de zorros y al propio Derby de Kentucky”.

Finalmente, la indignación que generó contribuyó a impulsar cambios legislativos. Para la década de 1930, la mayoría de los estados ya había eliminado las ejecuciones públicas. Kentucky fue uno de los últimos en prohibirlas: en 1938, el gobernador firmó la ley que ponía fin a la horca, como se contó.

Desde entonces, las ejecuciones en Estados Unidos se realizaron a puertas cerradas. La excepción más cercana, según recuperó The Washington Post, fue la de Timothy McVeigh, autor del atentado de Oklahoma City en 1995 en el que murieron 168 personas.

Su ejecución, en 2001, se transmitió por circuito cerrado a un grupo de sobrevivientes y familiares. Unas 2000 personas podían acceder a la transmisión, pero solo alrededor de 230 decidieron verla. Muchos describieron la experiencia como memorable, aunque insatisfactoria.

Ahora, las ejecuciones públicas volvieron al foco de la discusión pública, cuando este 9 de octubre, el Pentágono anunció que transmitirá por streaming el fusilamiento de Nidal Malik Hasan, excomandante y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que mató a 13 soldados e hirió a otros 32 en Fort Hood, una base militar, en 2009. Hasan fue declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a muerte en 2013. Su fusilamiento está previsto para el 3 de diciembre en Texas.

La oficina de derechos humanos de la ONU declaró a AFP que la transmisión equivaldría a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura. El senador demócrata Chris Murphy dijo a CNN que la idea era “repugnante”. Alonzo Lunsford, exsargento que recibió siete disparos durante el ataque, dijo a la BBC que el fusilamiento es un método “apropiado”, que las familias y los sobrevivientes deberían poder verlo y que quiere que Hasan lo mire a los ojos: “Quiero que sepa que fracasó. Yo sigo aquí”.