Somos la familia de José Antonio Cácere, trabajador policial de la ciudad de La Plata, injustamente condenado a prisión perpetua por una causa armada.
Desde hace más de seis años vivimos una pesadilla que destruyó nuestra vida familiar y vulneró los derechos más básicos de un hombre inocente.
El caso se remonta al 22 de octubre de 2011, cuando José participó en un procedimiento en el que se detuvo a Ariel Canisso, por orden judicial.
Canisso fue revisado por el médico policial y alojado en la Comisaría Berisso 4ta. Al día siguiente falleció en su celda, pero las autopsias oficiales confirmaron que no presentaba golpes ni signos de violencia.
La causa de muerte fue un edema agudo de pulmón producto de una cardiopatía preexistente, agravada por el consumo de cocaína y diazepam.
A pesar de estas conclusiones médicas —claras, firmadas por profesionales de la Asesoría Pericial del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires—, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de La Plata condenó a José basándose en una pericia de parte elaborada por un psiquiatra que jamás vio el cuerpo de la víctima.
Esa pericia, realizada solo a partir de una fotografía, utiliza expresiones como “podría tratarse de un golpe” o “posiblemente un traumatismo”, careciendo de todo rigor técnico y contradiciendo de manera frontal la autopsia oficial, el informe médico policial y los testimonios de quienes compartieron celda con Canisso.
En esa celda, según consta en el expediente, el propio oficial de servicio de la comisaría recibió al detenido sin registrar lesiones, cumpliendo con el protocolo que impide alojar personas golpeadas sin derivarlas antes al hospital zonal.
Los compañeros de celda declararon que Canisso hablaba, silbaba, comía y bebía con normalidad, lo que sería imposible si tuviera el golpe que el perito de parte menciona.
A pesar de ello, el tribunal decidió condenar, y uno de los jueces incluso votó en disidencia, reconociendo que no existían pruebas suficientes para sostener la culpabilidad.
El Tribunal de Casación más tarde absolvió a dos de los policías involucrados, pero inexplicablemente mantuvo la condena de José y de otro compañero, lo que refuerza el carácter arbitrario de la decisión.
Hoy la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expediente CSJ 001980/2023-00, Secretaría N.º 3), con la intervención del Dr. Fabián Améndola, del estudio Fernando Burlando, y el acompañamiento del Inocente Colectivo, que actúa como amicus curiae en defensa de la verdad y la justicia.
Nuestra familia sigue unida, resistiendo con fe y esperanza.
José fue un padre presente, que luchó por la tenencia de sus hijos, que trabajó con honestidad y que jamás soltó la mano de los suyos.
Hoy somos nosotros quienes no se la soltamos a él, esperando que la Corte se saque la venda de los ojos y vea la injusticia que se cometió.
Pedimos a los medios, a las instituciones y a la sociedad que nos acompañen.
Porque detrás de cada causa armada hay familias destruidas, hijos que crecen sin su padre y una verdad que clama ser escuchada.