Los 50 años del último golpe de Estado en Uruguay, que dio paso a 12 años de dictadura militar, fueron recordados este martes con un paro parcial y una marcha de la central única de trabajadores y una asamblea extraordinaria del Congreso, en la que todas las bancadas ratificaron su compromiso con la democracia.

Una multitudinaria marcha del PIT-CNT, la central sindical, repudió el inicio de la dictadura y, centralmente, reivindicó el comienzo de la huelga de trabajadores “en defensa de la democracia”.

“Hoy, como ayer, la clase obrera no fallará” fue la consigna -pintada en el fondo del escenario- del acto realizado en el barrio montevideano de La Teja, donde justamente se inició el paro hace 50 años.

La caminata hasta el lugar tuvo al frente una enorme pancarta con la leyenda “NUnca más terrorismo de Estado”, en letras rojas y negras.

“Ocho años antes, los trabajadores habían resuelto que ante un ataque a las instituciones democráticas”, iban a responder con una huelga general, y “se hizo una huelga general formidable, una huelga política en defensa de la democracia. Si bien no logró esa huelga tirar abajo la dictadura, hizo que naciera herida de muerte”, afirmó el titular del PIT-CNT, Marcelo Abdbala.

En su discurso, Gabriel Molina tildó de “heroica” la huelga y consideró “una obligación defender los momentos históricos y la participación activa, organizada y protagónica de los trabajadores en el país”.

“Si sabrá este barrio de solidaridad, si salieron compañeros y compañeras a rodear las fábricas ocupadas y cuando las desocupaban salían en solidaridad para que los compañeros salieran tranquilos, porque las fuerzas conjuntas los estaban esperando afuera… Eso es solidaridad”, remarcó Molina, del sindicato de las Telecomunicaciones.

El último gobierno de facto comenzó el 27 de junio de 1973 cuando el entonces presidente Juan María Bordaberry decretó el cierre del Parlamento con apoyo de las Fuerzas Armadas, aunque el quiebre institucional venía gestándose desde febrero, cuando militares se sublevaron contra el nombramiento de un ministro.

En paralelo al acto sindical, se realizó en el Palacio Legislativo una asamblea conjunta de cuatro horas de las dos cámaras, bajo la jefatura de la vicepresidenta Beatriz Argimón, en la que representantes de todas las bancadas hablaron para recordar el quiebre institucional y el inicio de la dictadura que se extendió hasta 1985.

El senador frenteamplista Oscar Andrade advirtió en el recinto que “hay que ser muy miserable para pensar que esa noche del 27 de junio no hubo una respuesta heroica de los trabajadores y el pueblo, que pagaron como nadie”.

A su turno, el exjefe del Ejército Guido Manini Ríos -referente de Cabildo Abierto, integrante de la alianza gobernante- admitió que “podrá decirse que todos los que se levantaron en armas ya estaban presos, que ya había terminado la guerra antisubversiva, y es cierto”, pero señaló que “fueron ellos los que propiciaron la aparición de nuevo un actor en el escenario político, como las Fuerzas Armadas”

“Que nunca más haya dictadura en este país” y que “siempre se respeten las instituciones democráticas” para que “nunca más haya terrorismo, venga de donde venga”, expresó el legislador, de posturas cercanas a las FFAA.

Su par Jorge Gandini, del Partido Nacional, expresó: “Comparto el nunca más. Nunca más al terrorismo y al terrorismo de Estado. Nunca más los iluminados que vieron un atajo para llegar al poder y nunca más torturas, secuestros y ejecuciones. Nunca más a las desapariciones de los uruguayos y la persecución de quienes piensan distinto”.

Y desde el Partido Colorado, el diputado Felipe Schipani propuso “hablar de las cosas que unen, pensando en el futuro” y reivindicó a “todos quienes estuvieron a la altura de las circunstancias, que en todos los partidos hay”.

Afuera, en tanto, fue inaugurado un memorial que recuerda a las entonces presas políticas de la dictadura, y que se levantó con el apoyo de la Unidad Académica del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (Sceam) de la Universidad de la República (Udelar).

El memorial materializa el reconocimiento de miles de militantes sociales, sindicales y políticas de todo el país, perseguidas, secuestradas, detenidas, torturadas, violentadas, desaparecidas y asesinadas por nuestra doble condición de mujeres y luchadoras. En los interrogatorios y en las cárceles se dio esa doble represión”, señaló la Udelar en un comunicado.

Las actividades de este martes siguieron a la sesión de anoche del Senado, que buscó rescatar la última deliberación del cuerpo previa al golpe, y que juntó al presidente Luis Lacalle Pou con sus tres antecesores aún vivos desde el regreso a la democracia: Julio Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica.

“Hace 50 años, la dictadura quiso callar a los representantes del pueblo. Hoy queremos ratificar nuestro compromiso democrático desde este Parlamento elegido democráticamente por la ciudadanía”, dijo Argimón al abrir la ceremonia, mientras afuera se realizaba una vigilia.

La última sesión en el Senado antes de la disolución de las Cámaras fue recreada con imágenes de esa noche proyectadas en la cúpula del recinto, mientras se escuchaban discursos emblemáticos de legisladores de entonces.

La fachada del Palacio Legislativo se iluminó luego con los colores de la bandera uruguaya y las palabras “Por siempre democracia”, la frase elegida para marcar la fecha.

Alrededor del icónico edificio de mármol, cientos de velas fueron encendidas como parte de la “jornada de reflexión” convocada por organizaciones de derechos humanos y el colectivo Jacarandá, integrado por activistas sociales y sindicatos. Hubo, además, grupos musicales y expresiones artísticas.

Resultado de la dictadura, Uruguay registra 197 personas desaparecidas, muchas de ellas capturadas en Argentina como parte del Plan Cóndor, que coordinó la represión en la región. En suelo uruguayo solo se identificaron restos de cinco detenidos-desaparecidos enterrados en predios militares.

Bordaberry, que en 1976 fue reemplazado por mandatarios militares, murió en 2011 mientras cumplía arresto domiciliario desde 2007, procesado por violaciones de los derechos humanos.

Y Gregorio “Goyo” Álvarez, el último militar que gobernó Uruguay, murió en 2016, mientras cumplía una condena de 25 años de cárcel por el homicidio de 37 personas.


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